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| Mina de oro de El Valle-Boinás, en el concejo asturiano de Belmonte de Miranda / Coordinadora Ecoloxista d'Asturies |
El Ministerio Fiscal de Asturias considera probado la afección del proyecto de Orovalle Minerals, filial de la minera canadiense Orvana Minerals Corporation sobre el río Cauxa, afluente del Narcea, en la localidad de Belmonte de Miranda y solicita el pago de una multa de 20 millones de euros a la empresa por la reiteración de vertidos no autorizados al cauce fluvial de elementos como el selenio o el arsénico por encima de los límites autorizados.
Además de la sanción la Fiscalía pide el abono de una indemnización al Estado de 5.158.548,88 euros por los daños causados al dominio público hidráulico desde el 15 de abril de 2015 hasta el 25 de octubre de 2017 y la suspensión de la actividad operativa de la empresa por un período de hasta cinco años "hasta que se acredite el cese de las acciones contaminantes".
Según han informado diversos medios locales, en su escrito de acusación, la Fiscalía considera probado que el río Cauxa, a su paso por la mina de El Valle-Boinás, ha soportado vertidos de sustancias catalogadas como peligrosas no amparadas por ningún tipo de autorización ambiental, comportamiento que ya fue denunciado hasta en tres ocasiones por la Guardería Fluvial de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), que llegó a detectar que la concentración de elementos como el selenio superaba ampliamente la norma de calidad ambiental en 39 ocasiones de las 50 analizadas incumpliendo de manera reiterada la Autorización Ambiental Integrada.
A lo largo del tiempo, desde la CHC se ha detectado además valores superiores a los permitidos para arsénico, cobre, cadmio, níquel y cianuro, con niveles inasumibles para el río Cauxa, que desemboca en Narcea provocando un serio problema ambiental por el elevado grado de "persistencia y bioacumulación" de estos elementos. Para la Fiscalía, algo del todo imcompatible con las directrices de la normativa europea al respecto.
"Estas sustancias provienen de forma inequívoca de la actividad minera que, desde el año 2007, está desarrollando Kinbauri España S.L." (actualmente Orovalle) afirmando que la empresa "conocía plenamente esas emisiones, no autorizadas y contrarias a la normativa administrativa, tanto por sus informes internos como por comunicaciones de la Confederación Hidrográfica, que ha instruido tres expedientes sancionadores a la mercantil" -concluye el Ministerio Fiscal-.