Lluvia de críticas a la aprobación del RDL 20/2022, que condena al territorio español a la mayor regresión ambiental de su historia

Infografía de una de las zonas afectadas en la Montaña Central Leonesa por proyectos de carácter eólico (Google Earth / PFMCL)

28.1.2023

La Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa alerta de que este hecho convierte oficialmente a la provincia en "zona de sacrificio" al eliminarse la exigencia de evaluación de impacto ambiental (EIA) en gran parte de los proyectos energéticos, impidiendo además la participación social al suprimirse la fase de información pública y consultas.

Desde el colectivo se recuerda que el pasado 28 de diciembre "como si de una inocentada se tratase", se aprobó definitivamente el Real Decreto Ley 20/2022 en el Congreso de los Diputados, lo que a su juicio supone "una sentencia de muerte para la provincia de León tal como la conocemos", dado que a partir de ahora se podrán autorizar proyectos de energías "renovables" sin necesidad de realizar procedimientos de EIA en espacios que estén fuera de la Red Natura 2000, sean considerados como naturales protegidos o que estén ubicados en el medio marino y cuyas líneas de transporte sean de menos de 15 kilómetros de longitud.

Para la Plataforma, esta normativa supone desmantelar de facto el proceso de evaluación ambiental entendido como instrumento de protección social, impidiendo además que los proyectos de renovables se aprueben "con unas mínimas garantías de protección y sostenibilidad". Por otra parte, con este normativa se impide la participación de la sociedad en el procedimiento al eliminarse la fase de información pública y consultas, permitiendo además que no se consulte a ningún organismo o institución más allá del estudio realizado por el propio promotor.

CONSECUENCIAS "DESASTROSAS" PARA LA PROVINCIA DE LEÓN Y EL RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL 

Desde la Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa se condena "de manera tajante" la norma aprobada por quienes deberían de defender los intereses de la ciudadanía y no de las grandes empresas energéticas, considerando que las consecuencias tanto para la provincia de León como para el resto del Estado serán "catastróficas" y convertirán a España "en una colonia energética de bajo coste", dado que el país se encuentra inmerso en una avalancha de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos con kilométricas líneas de evaluación.