Teresa Ribera y la implantación de las renovables: la ministra se pasa por el arco del triunfo las recomendaciones de la ONU sobre participación ciudadana

La ministra Teresa Rivera durante una rueda de prensa celebrada en en 2022 en la COP27 / ONU

24.4.2023

La responsable del MITECO, que acumula críticas por la gestión del proceso de implantación de energías como la eólica y la solar en España, parece obviar las recientes afirmaciones de las Naciones Unidas, que instan a "no dejar a nadie atrás en la transición hacia una economía baja en carbono".

La ONU considera que aunque la descarbonización pueda generar oportunidades para algunos, "debe realizarse de la forma más justa posible desde el punto de vista social y económico", y el propio James Grabert, director de Mitigación de cambio climático de la organización, ha afirmado que "los países necesitan políticas de transición justa que sean integrales, inclusivas y basadas en el diálogo social y la participación de las partes interesadas". Para el responsable climático de Naciones Unidas "estas políticas deben integrarse en los planes nacionales de acción climática, así como en los planes nacionales de adaptación, para evitar exacerbar la desigualdad."

En este sentido, desde el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) se apunta que "es más probable que los cambios transformadores prosperen cuando existe confianza, cuando todos colaboran para priorizar la reducción de riesgos, y cuando los beneficios y las cargas se comparten de forma equitativa", pues "vivimos en un mundo diverso en el que cada persona tiene diferentes responsabilidades y distintas oportunidades para generar cambios". "Algunas personas pueden realizar una gran contribución, mientras que otras necesitarán apoyo para gestionar el cambio" -señala el grupo internacional de expertos-.

LA DANTESCA SITUACIÓN ESPAÑOLA

Pese a las recomendaciones de la ONU las actuaciones llevadas a cabo desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, con su titular Teresa Ribera a la cabeza, no han dejado indiferente a nadie, sobre todo en las comunidades rurales. En una tribuna de opinión publicada el 23 de abril por un miembro del colectivo aragonés Sollavientos en el diario El Mundo, se recuerda que con el decreto que impide a los ciudadanos alegar a los proyectos de energía eólica y fotovoltaica la ministra "ha echado mano" de un principio fundamental, que no es otro que el de ignorar a la población afectada.

Alejandro Pérez recuerda que Ribera aún no había nacido cuando en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU reconocía el derecho de la ciudanía a participar en la dirección de los asuntos públicos y que la Constitución Española de 1978, que reconoce que los poderes públicos promoverán y facilitarán la participación de los ciudadanos en la vida política, "pilló jugando" a lo hoy ministra cuando tenía tan solo nueve años, cuando "la niña todavía no era consciente de que esta norma, que rige la vida de los españoles vela entre otras cosas por garantizar procedimientos que garanticen la audiencia a los interesados".

Más adelante -señala el miembro del colectivo aragonés-, en la preadolescencia de Teresa Ribera, los Estatutos de las Comunidades Autónomas, recogieron principios similares a los de la Carta Magna al garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, contribuyendo de esta manera a uno de los pilares básicos sobre los que se desarrolla la democracia avanzada. Y para el grupo "seguía siendo muy joven cuando se promulgó la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), que pone el énfasis en la participación de la ciudadanía en los asuntos del municipio".

Sin embargo, para el autor, la que a la postre se convertiría en "la ministra más ecologista de la historia de España" estaría acabando la carrera cuando en la cumbre de Río de Janeiro de 1992 se afirmaba que "el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos", año en el que tanto el tratado de la Unión Europea o la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recomendaban y regulaban respectivamente el acceso a la información pública.

En 1998 y según recuerda el firmante del artículo "con una prometedora carrera por delante" para una Teresa Ribera de 29 años, el Convenio de Aarhus, sobre acceso a la información, participación pública en la nota de decisiones y acceso a la justicia en materia de  medio ambiente, que España ratificó en 2005, otorgaba el derecho a la ciudadanía a la "información, audiencia, participación y justicia"

"Por aquella época, la futura secretaria de Estado de Cambio Climático vio aparecer la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2000), que reconoce de forma mucho más concreta el Derecho Internacional de 1948 y 1966. También la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas de Modernización de la Administración Local, que refuerza los mecanismos participativos de la LRBRL, o la Ley 27/2006, de Información y Participación Pública, que incorpora las Directivas 2003/4 y 2003/35 de la Comunidad Europea, para regular los derechos de acceso a la información ambiental en poder de las autoridades públicas, facilitar la participación en los procedimientos para la toma de decisiones de las Administraciones sobre los asuntos que inciden directa o indirectamente en el medio ambiente, y garantizar la puesta a disposición del público de la información ambiental" -detalla el miembro del grupo ambientalista aragonés-.

Pero más alla de eso, para el autor del artículo, tras la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, relativa a la publicidad activa, derecho a la información pública, buen gobierno y portal de la transparencia, la actual titular del MITECO también vivió las leyes garantistas de la participación ciudadana, como la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, leyes autonómicas de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, como la Ley 2/2015 de la Comunitat Valenciana, o la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que regula y refuerza la participación pública ante las Administraciones sin olvidar que en el recorrido vital de la hoy ministra apareció un interminable corpus legal que apunta la dirección del derecho de la ciudadanía a la participación pública como la Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983), la Estrategia Territorial Europea (1999), el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia (2000), la Estrategia de Lisboa (2000), la Estrategia Europea para el Desarrollo Sostenible (2001), la Agenda Territorial Europea de Leipzig (2007 y 2011), la Estrategia 2020 de Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador (2010) o el Pacto Verde Europeo de 2019.

Por eso Alejandro Pérez, firmante de esta ingeniosa y excepcional reflexión considera que Teresa Ribera, como la "ministra más ecologista de la historia de España" está actuando como su tocaya María Teresa I de Austria, blasón del Despotismo Ilustrado, al darse cuenta de que para proteger el medio ambiente está echando mano a su principio fundamental de: "Todo para el pueblo pero sin el pueblo".