La presión social en defensa del Pirineo tumba el polémico proyecto para unir dos estaciones de esquí por el valle de Canal Roya

El valle de Canal Roya es uno de los últimos rincones salvajes del Pirineo / Wikimedia Commons

1.5.2023

La exitosa campaña "Salvemos Canal Roya" se centrará ahora en conseguir que la zona sea declarada parque natural con vista a conservar el enclave natural para las generaciones venideras.

Tras meses de protesta social contra el proyecto para unir las estaciones de Astún y Formigal por el valle aragonés de Canal Roya ha sido la Diputación Provincial de Huesca la que ha confirmado que en la práctica este no podrá salir adelante al dar por hecho que los plazos del plan empresarial no podrán cumplirse sin el establecimiento de una prórroga, pidiendo destinar los 26,4 millones de euros de fondos europeos a otro tipo de iniciativas.

La consejera de Economía del Gobierno aragonés, la socialista Marta Gastón, afirmó en fechas recientes que la Diputación de Huesca era quien tenía la última palabra sobre la unión de estaciones, si bien sus afirmaciones sobre el polémico proyecto han quedado siempre en entredicho al ser también la presidenta de Aramón, la empresa que gestiona en la provincia cinco estaciones de esquí: Cerler, Formigal, Panticosa, Javalambre y Valdelinares, además de una andorrana, Ordino Arcalís. 

Por su parte, la líder de Podemos en Aragón y actual consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Ejecutivo autonómico, Maru Díaz, ha exigido tras conocerse la noticia la asunción de responsabilidades políticas por la angustiosa situación que ha causado durante meses el proyecto de unión de estaciones, reclamando la declaración de la zona como parque natural para que no se vuelva poner en riesgo el patrimonio natural de esta zona del Pirineo.

Según recoge eldiario.es, Díaz ha celebrado la renuncia del organismo provincial al proyecto, lo que permite "salvar Canal Roya y sacarla de las garras de una propuesta que nunca se tenía que haber puesto encima de la mesa" dado que estaba únicamente orientada "al destrozo del Pirineo, sin visión medioambiental, sin respetar criterios climáticos y sin apoyo social".

UN PARAJE ÚNICO Y SERIAMENTE AMENAZADO POR INTERESES URBANÍSTICOS

Canal Roya es un valle de origen glaciar situado en el corazón del Pirineo aragonés que sus defensores consideran como "de una importancia geológica, biológica, cultural y paisajística de primer nivel" al ser uno de los últimos rincones "totalmente salvajes" entre los valles del Aragón y de Tena.

Según informa la web de la campaña "Salvemos Canal Roya", el proyecto de la unión de las estaciones de Astún y Formigal implicaría destruir la actual fisionomía del valle, anclando 37 postes de grandes dimensiones para la instalación de un sistema de telecabina, construyendo una carretera con derivaciones y edificando varias estaciones intermedias, realizando en el proceso voladuras y grandes movimientos de tierras en la zona del fondo del valle de mayor valor paisajístico y arqueológico.

Para la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA), que apuesta por la puesta en valor del entorno y su declaración como parque natural, el proyecto "condiciona para mal" el futuro del turismo en la zona al retrasar "su urgente adaptación al cambio climático" suponiendo un total "despilfarro de dinero público de al menos 60 millones de euros" para construir unas instalaciones que resultarán "inútiles" por la progresiva disminución de la temporada de nieve, tal y como indican los estudios científicos, algo que a su juicio supone "una huida hacia delante".

El colectivo apunta además a que el proyecto de ampliación de estas dos estaciones de esquí se realiza pensando en "incentivar la venta masiva de apartamentos con destino a segunda residencia", pues "en la estación de Astún se abre una millonaria espectativa de negocio sobre una parcela recalificada como urbanizable".

Esta parcela, situada en el cauce del río Aragón, contempla la construcción de 800 apartamentos y casi 200 plazas hoteleras, lo que explicaría "el enorme interés privado en construir la unión de estaciones con dinero público", de tal modo que los fondos europeos destinados a la recuperación económica "servirían para elevar el precio de cada apartamento construido en decenas de miles de euros" en lo que supondría un acto de especulación inmobiliaria "de más que dudosa legalidad" desarrollando así un modelo de negocio "que solo beneficia a unos pocos" y que es generador de "crisis cíclicas". Y esto, mientras se desatienden numerosos proyectos para el turismo sostenible en otras comarcas, que "no han recibido ni un euro de dichos fondos". Por este motivo, considera la PDMA, "hay que exigir responsabilidades a los políticos implicados en esta operación especuladora".