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| FACUA reclama a la red social que actúe conforme a la normativa dictada por la legislación española / Creative Commons |
4.7.2023
La organización de consumidores ha presentado sendas denuncias contra la red social ante las autoridades de protección de los consumidores y servicios digitales tras modificar sus acuerdos de servicio de manera irregular.
Según explica la entidad en un comunicado, los usuarios de Twitter se han encontrado el domingo 2 de julio de manera sorpresiva con que la red social ha comenzado a limitar el número de tuits que podían leer, una afectación que varías según se tenga o no contratado el servicio de pago Twitter Blue y la fecha de creación de las cuentas.
La asociación ha trasladado los hechos a la Dirección General de Consumo del ministerios de Alberto Garzón. También ha puesto otras irregularidades relacionadas con las altas en Twitter Blue en conocimiento de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente de la cartera que dirige Nadia Calviño.
FACUA advierte de que si Twitter no restablece de inmediato las condiciones previas a esta modificación a todos los usuarios de pago, estos tienen derecho a resolver los contratos con la devolución de importe proporcional al tiempo de duración del servicio que aún no hayan consumido. La legislación establece que cualquier cambio en las condiciones contractuales debe ser notificada a los consumidores con una antelación razonable. Una notificación que además debe producirse en un soporte duradero, esto es, mediante correo electrónico, SMS o un archivo descargable que le muestre la web o la app cuando esté logueado.
LÍMITES AL VISIONADO DE TWEETS
Según un anuncio realizado desde su cuenta por el propietario de la empresa, Elon Musk, los usuarios que paguen por el servicio Twitter Blue podrían ver un máximo de 6.000 tuits al día, mientras que los que no lo tengan contratado verían un tope de 600 si su cuenta ya existía y de 300 si se trata de una de nueva creación.
FACUA recuerda que, sin embargo, apenas una hora más tarde de este anuncio, Musk rectificó para asegurar que estas limitaciones en el visionado de tuits tendrían un carácter temporal y aseguró que "pronto" serían incrementadas a 8.000 para los usuarios verificados -con Twitter Blue-, 800 para los no verificados y 400 para los nuevos usuarios no verificados. Y después, volvió a rectificar para decir que finalmente serían 10.000, 1.000 y 500, respectivamente.
SIN MODIFICACIÓN CON ANTELACIÓN RAZONABLE
En su denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, FACUA argumenta que Twitter ha modificado las condiciones de su servicio sin notificarlo a los usuarios "con una antelación razonable y en un soporte duradero", tal y como establece el artículo 126 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En este sentido, la asociación advierte de que los usuarios que tienen contratado Twitter Blue han sufrido una merma en las condiciones del servicio durante la vigencia de la mensualidad o anualidad abonada. En España, este servicio tiene un precio de 9,68 euros mensuales si se contrata a través del navegador web y 11 euros al mes si se hace mediante las app de Twitter en Android o en iOS. Si se realiza el pago anual, el precio es de 101,64 euros vía web y de 114,99 mediante app.
ALTAS SIN COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA NI DOCUMENTO DE CONFIRMACIÓN
En cuanto a la denuncia presentada ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, FACUA expone que al darse de alta en Twitter Blue, la empresa no les envía la información obligatoria que establece la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Así, el artículo 28 de la citada ley establece en su apartado 1 que, una vez realizada la contratación, las empresas deben garantizar que el consumidor ha recibido una notificación electrónica o se le ha facilitado un archivo descargable que confirme el alta en los servicios.
Según indica la organización de consumidores, la norma señala que las empresas tienen que proceder al "envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación" o garantizar "la confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario".
NUEVA POLÉMICA TRAS LA RETIRADA DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE DESINFORMACIÓN DE LA UE
El pasado mes de mayo, FACUA-Consumidores en Acción advirtió que la red social había decidido retirarse del código de prácticas contra la desinformación en línea de la Unión Europea (UE), de la que hasta ese momento formaba parte de manera voluntaria con el objetivo de contribuir a erradicar las noticias falsas -fake news- de las redes sociales.
Twitter ha decidido retirarse del código de prácticas contra la desinformación en línea de la Unión Europea (UE), en el que formaba parte hasta ahora de manera voluntaria y con el que se busca erradicar las fake news de las redes sociales.
Creado en 2018, este código de buenas prácticas se aplica a una treintena de empresas dedicadas a los servicios digitales, entre las que se encuentran gigantes tecnológicos como Meta, Mozilla, Google, Microsoft y TikTok, corporaciones digitales que han firmado un escrito ratificando su compromiso para combatir la desinformación en línea y acabar tanto con fuentes de noticias que promuevan información falsa, como con la publicidad engañosa y no verificada.
Sin embargo, recuerda la entidad, en noviembre de 2022 la tecnológica cerró su oficina en Bruselas, clave para la adopción de las normas y cambios regulatorios de la UE en lo concerniente al discurso del odio y la desinformación.
Una de esas normativas es la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que es de obligado cumplimiento para las plataformas 'online' y que busca "limitar la difusión de contenidos y productos ilícitos en línea".
Esta propuesta se lleva a cabo "para aumentar la protección de los menores y ofrecer a los usuarios más posibilidades de elección y mejor información", tal y como explicó la Comisión Europea en su documento de presentación.
A esta norma se ha referido el comisario responsable del Mercado Interior de Industria, Thierry Breton, a través de Twitter, donde ha comentado que esta red social ha abandonado este "código de prácticas voluntario de la UE contra la desinformación".
No obstante, Breton ha insistido en que "las obligaciones permanecen" y ha matizado que la protección frente a la desinformación será obligatoria bajo la Ley de Servicios Digitales a partir del 25 de agosto, por lo que Twitter deberá rendir sus correspondientes cuentas con la UE.
Esta normativa especifica que "las plataformas deben mitigar riesgos como la desinformación o la manipulación electoral, la violencia cibernética contra las mujeres o los daños a menores online'" y advierte de que, en caso de incumplirla, se puede imponer una multa de hasta el 6 por ciento de la facturación global anual de este proveedor de servicios.
Además, "las plataformas deshonestas que se nieguen a cumplir con obligaciones importantes y, por tanto, pongan en peligro la vida y la seguridad de las personas", podrán ser suspendidas temporalmente en última instancia.