Rechazo social a la actuación de CCOO Industria y UGT FICA en Galicia por asumir el relato de los empresarios y el PP y poner por delante el negocio del gran capital frente a las comunidades afectadas por los parques eólicos

La falta de respeto a las comunidades y una legislación a medida de las grandes empresas ha desatado la protesta contra los parques éolicos en Galicia / Creative Commons

29.7.2023

Las polémicas secciones sindicales fían a la corrección de las "normativas" de la Xunta la viabilidad ambiental de los proyectos mientras que entidades sociales y ambientalistas recuerdan que los cambios legislativos introducidos por la Xunta en 2017 y 2019 han supuesto un retroceso evidente en los derechos de protección del medio ambiente y la ciudadanía. 

Para las áreas de industria de CCOO y UGT en Galicia la apuesta por los parques eólicos "no es incompatible con la integración de los proyectos y el respeto medioambiental" pues "para eso está el cumplimiento de las normativas, leyes y reglamentos existentes al respecto. Sin embargo, decenas de entidades sociales y entidades ecologistas han advertido que el actual marco normativo al que aluden los dos colectivos sindicales ha sido diseñado "ad hoc" por el PP desde el Ejecutivo de la Xunta y no son garantes de una protección eficiente a nivel medioambiental además de perjudicar seriamente los intereses vecinales.

Así, tanto la Ley 3/2017, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia como la 9/2021, de simplificación administrativa y apoyo a la reactivación económica, han sido calificadas a nivel social como "leyes de depredación" por los múltiples impactos negativos que conllevan a nivel ambiental y social.

Desde entidades como la Asociación de Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA) estas normativas han sido utilizadas por el PP como un "cajón de sastre" para modificar "por la puerta de atrás" numerosas disposiciones incómodas para el empresariado con la intención de eliminar "inconvenientes administrativos" a costa de las garantías ambientales en territorio gallego y del interés general de la ciudadanía al reducir los derechos de información y participación ciudadana socavando las competencias municipales, al tiempo que atenta contra la propiedad de la tierra y "consagra un agravio comparativo con privilegios para una casta empresarial".

Para CCOO Industria y UGT FICA, sin embargo, "Galicia no puede perder el tren de la eólica" porque "una parálisis de los proyectos en marcha puede suponer la pérdida del liderato industrial en este sector y miles de empleos".

El Banco de España, en contraste, respalda las afirmaciones de entidades sociales y ecologistas al afirmar en su último informe de expertos sobre el sector que impacto de los parques eólicos en las tasas de empleo local es "mayoritariamente no significativo", un factor que consideran debería de tener importantes implicaciones para las Administraciones "en términos de políticas públicas".

En una investigación realizada en profundidad durante un período de 12 años, la entidad financiera concluyó que "las inversiones eólicas tienen efectos muy bajos y estadísticamente no significativos sobre el empleo local durante las fases de construcción y mantenimiento", pues aunque en estos proyectos trabajan equipos multidisciplinares "lo hacen desde la distancia" con una etapa de construcción que es "relativamente corta" llevada a cabo por contratistas "que a menudo residen en otros lugares y se mudan una vez que el trabajo está terminado". Al final, solo se realiza el mantenimiento del sitio, que "generalmente involucra a trabajadores que mantienen de forma remota varios sitios a la vez" y "no residen permanentemente en el municipio donde se ubica la inversión".

Por ello el informe del organismo regulador apuesta por un modelo "más democrático y equitativo" donde "se promuevan las comunidades energéticas locales, se compense de manera justa a ciudadanía y los ayuntamientos y las personas residentes tengan participación directa en los nuevos proyectos".