Defensores de la sanidad pública hacen un llamamiento a la sociedad andaluza para defender el servicio de Atención Primaria del nuevo intento de privatización de Moreno Bonilla y el PP

Manifestación en defensa de la sanidad pública en Granada / ADSPA

31.8.2023

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía denuncia "el engaño y la manipulación de la realidad" como la única estrategia política del Ejecutivo autonómico.

En este sentido, alertan del nuevo intento de privatización del servicio de Atención Primaria por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla tras la revuelta social provocada en 2022 cuando la Consejería de Salud publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía una serie de tarifas para las consultas de medicina familiar que alcanzaban los 60 euros por paciente.

El colectivo recuerda que la movilización social llevada a cabo entonces detuvo en seco un proyecto que consideran "nefasto", y que la tras la reunión de la consejera de Salud Catalina García con las organizaciones sindicales se comprometió a derogar el contenido de la norma. Sin embargo, denuncia la entidad de defensa de la sanidad pública "al cabo de una año todo sigue igual" y la medida no ha sido retirada al abrir la Junta de Andalucía un período de alegaciones que terminará a mediados de septiembre.

Por la gravedad de estos motivos, el colectivo anuncia que usará todos los medios a su alcance para impedir el desmantelamiento del sistema sanitario público en Andalucía, que parece ser el objetivo último del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla tal y como así lo corroboran los presupuestos del año 2024, que carecen de partidas para aumentar las plantillas públicas en los centros sanitarios pero sin embargo reflejan un importante aumento de concertaciones con la sanidad privada.

Por ello la ADSPA hace un llamamiento a la sociedad andaluza y a sus movimientos sociales para impedir la pérdida de los derechos "que tantos esfuerzos costó conseguir en el pasado" por una sanidad al servicio de todas y todos que sea "universal, accesible, gratuita, equitativa, solidaria, integral, integrada y de la máxima calidad" con una administración, gestión, provisión y mantenimiento que sea 100% pública.