Eólica marina | Un grupo de expertos reunidos por la Universidade da Coruña detecta "hasta 11 ilegalidades" e "irregularidades manifiestas" en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) aprobados por el MITECO
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| Expertos consideran que la normativa de ordenación del espacio marítimo aprobada por el MITECO ha obviado diversas consideraciones ambientales, sociales y de sostenibilidad / Nicholas Doherty |
17.8.2023
La Plataforma en Defensa de la Pesca y los Ecosistemas apela al principio de precaución para oponerse al desarrollo de los proyectos offshore tal como se ha planteado por parte del ministerio de Teresa Ribera.
El colectivo recuerda que el sector pesquero, del que dependen decenas de miles de familias a nivel estatal, no está en contra de la implantación de las energías renovables, pero considera que esta no puede hacerse poniendo en riesgo la supervivencia y la sostenibilidad del medio marino y su biodiversidad.
La plataforma reitera que, además, los pescadores son los principales perjudicados por la acidificación de los océanos y el cambio de temperatura del agua marina, por lo que es indispensable la toma de medidas para reducir el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Sin embargo, rechazan la actitud tomada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) porque "ha desistido de proteger los ecosistemas marinos saltándose el principio de precaución y la normativa nacional e internacional que obliga a proteger ante todo el medio ambiente".
Por estos motivos, han presentado una demanda ante el Tribunal Supremo (TS) con el objetivo de tumbar los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) aprobados por el Gobierno de España a través del Real Decreto 150/2023, de 28 de febrero, fundamentando la solicitud en un informe elaborado por el Observatorio del Litoral de la Universidade da Coruña (UDC), donde un grupo de expertos reconocidos en gestión y ordenación del litoral han detectado "hasta 11 ilegalidades" e "irregularidades manifiestas" en relación con la normativa al haber obviado diversas consideraciones ambientales, sociales y de sostenibilidad.
Así, consideran que conceptos como el del principio de precaución, el principio de legalidad, el principio de transparencia o la prohibición de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos se ven directamente afectados tras la aprobación de los POEM tal como han sido definidos. Además, la solicitud judicial también ha puesto de manifiesto la vulneración constitucional de los planes aprobados, pues el artículo 130.1 de la Constitución española vigente obliga a los poderes públicos a prestar una especial atención al desarrollo de la pesca junto a otros sectores sensibles.