La "inseguridad jurídica" y el profundo desconocimiento del conflicto social generado por los parques eólicos en Galicia marcan los primeros meses de María Jesús Lorenzana al frente de la Consellería de Industria de la Xunta
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| María Jesús Lorenzana en un acto público del Gobierno gallego / xunta.gal |
27.8.2023
En una entrevista publicada el 25 de junio en Faro de Vigo, Lorenzana habló de "inseguridad jurídica" en algunas resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contrarias a los intereses de determinadas empresas como Greenalia, energética que tan solo un día más tarde tomó el testigo denunciando que el alto tribunal gallego fomentaba la "inseguridad jurídica" al estar aplicando un criterio fundado en "meras sospechas de daño ambiental" en proyectos que afectaban a la compañía.
Con el soporte de los medios de comunicación que más subvenciones públicas reciben del PP desde la Xunta (de manera especial La Voz de Galicia y Faro de Vigo), el 1 julio y el 8 de julio fueron respectivamente la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Federación Galega da Construción (FGC) quienes retomaron el mantra de la "inseguridad jurídica" provocada por las actuaciones del TSXG y la "paralización judicial" de parques eólicos en una línea sólo superada por la actuación coordinada del sector industrial gallego de los sindicatos CCOO y UGT, que en un planteamiento muy difícil de justificar funcionaron a favor de los intereses de la patronal el 13 y el 20 de julio expresando su "máxima preocupación por las sentencias judiciales que paralizan parques eólicos" urgiendo de nuevo a la "seguridad jurídica".
La nueva vuelta de tuerca tuvo lugar los días 18 de julio y 26 de julio, cuando tanto la Asociación Empresarial Eólica (AEE) como la Asociación Eólica de Galicia (EGA) recogieron el testigo reprobando la "sistemática jurisprudencia cautelar" del TSXG y alertando de una "coyuntura de consecuencias catastróficas" por la judicialización de los expedientes eólicos.
El 4 y el 7 de agosto fueron por su parte la patronal del metal (ASIME) y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) los que pusieron los últimos eslabones de la cadena iniciada por María Jesús Lorenzana Somoza el 25 de junio cacareando nuevamente el mensaje de "inseguridad jurídica" y rechazando la existencia de "fragmentación de proyectos eólicos" que sin embargo recogen numerosas sentencias judiciales.
CONTUNDENTE RESPUESTA DESDE EL PODER JUDICIAL Y LA JUDICATURA
Frente a la campaña orquestada contra las resoluciones del TSXG la respuesta del Poder Judicial no se hizo esperar, recordando a representantes públicos y organizaciones críticas con las sentencias que "la independencia judicial es uno de los pilares del Estado de Derecho y la democracia" y que "el respeto a las decisiones de las magistradas y magistrados "es esencial para el normal funcionamiento de las instituciones" y que quienes estén disconformes con las resoluciones judiciales tienen a su disposición todos los medios "que les garantiza la legislación procesal".
En este sentido, también salió al paso "en defensa de la independencia judicial y de la dignidad de todos los miembros del TSXG" la reconocida asociación de "Juezas y Jueces para la Democracia" considerando lamentable que desde la Xunta de Galicia y el sector empresarial se produzcan manifestaciones "que no aportan argumentos jurídicos sobre el fondo de la cuestión sino calificaciones personales" en lo que supone un comportamiento inaceptable en el que "un grupo de empresas privadas con importantes intereses económicos pretende que un tribunal mude de criterio al margen de las vías legales o, cuando menos, que se altere la composición de la Sala en un intento de obtener una respuesta más beneficiosa a sus intereses".
Por eso, para el colectivo profesional, "es el momento de reclamar a la Xunta que evidencie que, comparta o no la interpretación que hacen los tribunales de las normas, comparte que su posición institucional es la de aceptar esas interpretaciones y apoyar al Poder Judicial" porque "cualquier otro comportamiento, actitud o mensaje será incomprensible" a nivel social.
Para Juezas y Jueces para la Democracia hay que tener presente que "el papel de los tribunales es la aplicación de la Ley, también contra las decisiones de la Administración que, cuando menos en parte, es responsable de la producción de normas aplicables a los casos" pues "una vez dictada una norma, también la Administración está vinculada en su proceder a ella y a la interpretación que los tribunales hagan de la misma". Por ese motivo ningún responsable político puede "atribuir la causa de la inseguridad jurídica a las decisiones de los tribunales" dado que "es en el ámbito político en el que se deben decidir las normas, pero los responsables políticos están vinculados a ellas y son ellos los que deben evitar, precisamente, que los tribunales tengan que corregir sus actuaciones por inobservancia de los procedimientos".