Escándalo mediático en Galicia: Xunta y patronal vuelven a columpiar la "inseguridad jurídica" de la éolica con ayuda de los diarios más subvencionados por el PP desde el Gobierno autonómico

Agustín Reguera en una imagen de archivo con la ex-conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato / xunta.gal

6.9.2023

Faro de Vigo, perteneciente al grupo editorial de Prensa Ibérica y Galiciaé, integrado en El Progreso de Lugo, han publicado a inicios de septiembre sendas entrevistas a Agustín Reguera, delegado territorial del Gobierno autonómico en Pontevedra y Rebeca Acebrón, actual vicepresidenta del Cluster de Enerxías Renovables de Galicia (CLUERGAL), la patronal del metal (ASIME) y consejera delegada de la empresa Acebron Group. El nexo de unión entre ambas: la guerra judicial contra los aerogeneradores.

Este hecho supone un nuevo eslabón a la vía iniciada por la sustituta de Francisco Conde al frente de la Consellería de Industria de la Xunta, María Jesús Lorenzana, que el pasado 25 de junio dio comienzo -también con una entrevista en Faro de Vigo- a una mediática bola de nieve en una actitud que llegó a ser advertida -y seriamente cuestionada- por el Poder Judicial y reconocidas asociaciones de la magistratura como Juezas y Jueces para la Democracia, que consideraron inaceptable la injerencia política de la representante del PP en las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

En una pieza realizada a medida de la conselleira, Lorenzana habló entonces de "inseguridad jurídica" provocada en el sector por las resoluciones del alto tribunal gallego. Al día siguiente, la energética gallega Greenalia añadió un nuevo eslabón a la cadena denunciando que el alto tribunal gallego fomentaba la "inseguridad jurídica al estar aplicando un criterio fundado en "meras sospechas de daño ambiental" en proyectos que afectaban a la compañía.

De manera impenitente, y con soporte de medios de comunicación como La Voz de Galicia, Faro de Vigo o El Progreso de Lugo, el 1 y 8 de julio la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Federación Galega da Construción (FGC) tomaron el testigo de la "inseguridad jurídica" provocada por las actuaciones del TSXG en una línea de acción solo superada por la actuación sindical coordinada del sector industrial gallego de los sindicatos CCOO y UGT, que en una planteamiento muy difícil de justificar funcionaron a favor de los intereses de la patronal el 13 y el 20 de julio expresando su "máxima preocupación por las sentencias judiciales que paralizan parques eólicos" y urgiendo nuevamente a la "seguridad jurídica".

La enésima vuelta de tuerca tuvo lugar los días 18 de julio y 26 de julio, cuando tanto la Asociación Empresarial Eólica (AEE) como la Asociación Eólica de Galicia (EGA) recogieron el testigo reprobando la "sistemática jurisprudencia cautelar" del TSXG y alertando de una "coyuntura de consecuencias catastróficas" por la judicialización de los expedientes eólicos.

El 4 y el 7 de agosto fueron por su parte la patronal del metal (ASIME) y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (ICOIIG) los que pusieron los nuevos eslabones del serial iniciado por María Jesús Lorenzana Somoza el 25 de junio repitiendo nuevamente el mensaje de "inseguridad jurídica" y rechazando la existencia de "fragmentación de proyectos eólicos" que sin embargo recogen numerosas sentencias judiciales.

Lejos de terminar la monserga este 3 de septiembre han sido Agustín Reguera Ocampo, delegado de la Xunta en Pontevedra y Rebeca Acebrón San Miguel, los que han hecho presencia en Faro de Vigo y Galiciaé. Para Agustín Reguera, es fundamental que los parques eólicos "tengan una seguridad jurídica"  y hasta los técnicos de la Xunta "ven con mucha cautela la seguridad jurídica". Para Rebeca Acebrón, desde la patronal de las renovables, es el activismo es el responsable pues a su entender "existe una amenaza real de un freno masivo a la industria eólica por esta guerra judicial de grupos activistas contra su desarrollo" que está teniendo un impacto muy negativo "por la inseguridad jurídica".

INFORMACIÓN POR ENCARGO Y A MEDIDA EN LOS MEDIOS GALLEGOS MÁS SUBVENCIONADOS A NIVEL PÚBLICO 

Nada de esto hubiera sido posible, sin embargo, sin la "inestimable" colaboración que para Xunta y patronal están teniendo los medios de comunicación más subvencionados por el PP desde el Ejecutivo autonómico.

Según reflejan las propias subvenciones a medios de comunicación por parte de la Xunta publicadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG), en 2022 medios como La Voz de Galicia, Faro de Vigo o El Progreso de Lugo hicieron su agosto gracias a la "desinteresada" colaboración del Gobierno gallego.

Listado de ayudas de la Xunta a diarios impresos en formato papel / DOG

En este sentido, medios de comunicación que se han demostrado dóciles con el Ejecutivo autonómico, y sin contar las ayudas percibidas por publicar en gallego, recibieron astronómicas cantidades divididas en diferentes epígrafes, como en el caso del Grupo Voz, que recibió 586.564 euros para el diario La Voz de Galicia, 22.474 para su emisora (Radio Voz) y 280.969 para su edición digital.

Listado de ayudas de la Xunta a medios radiofónicos y digitales / DOG

Por su parte el grupo Prensa Ibérica, al que pertenecen cabeceras como Faro de Vigo, la Opinión de A Coruña y actualmente El Correo Gallego tras la liquidación y venta del diario, sumó para las dos primeras 236.240 (papel), 80.035 (digital) y El Progreso de Lugo 140.542 (papel) y 25.654 (digital) respectivamente. En Galicia, definitivamente, tener un grupo mediático con buenas relaciones institucionales parece ser el mejor negocio del mundo.

RECHAZO DE ENTIDADES SOCIALES Y AMBIENTALISTAS

Para colectivos críticos del ámbito social y ecologista la independencia de los medios de comunicación, al igual que el sistema judicial, es un pilar fundamental de la democracia y juega un papel crucial en la sociedad, actualmente muy necesitada de recibir información objetiva y veraz. En este sentido, consideran que la concesión de subvenciones públicas a medios de comunicación, como ha venido ocurriendo durante muchos años desde el Ejecutivo del PP de Alberto Núñez Feijóo anteriormente y a día de hoy con Alfonso Rueda como presidente autonómico de Galicia, plantea a nivel social serias preocupaciones por las muchas consecuencias negativas que está acarreando para la población.

Porque esta situación determina la existencia de un riesgo de dependencia financiera por parte de los medios de comunicación hacia la Xunta, lo que está derivando a una influencia indebida en la cobertura informativa y toma de decisiones editoriales. Es así como los medios están promoviendo determinadas agendas políticas y empresariales evitando noticias que puedan ser incómodas para el poder comprometiendo así su independencia y generando un sesgo en la cobertura mediática, lo que deriva en una clara falta de objetividad en la información proporcionada a la ciudadanía.