La Comisión Europea multa a Intel con 376 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de los microprocesadores
La Comisión Europea tiene una férrea legislación antimonopolio que en este caso ha aplicado al fabricante norteamericano de CPUs / Creative Commons |
16.10.2023
Las autoridades europeas consideran que la multinacional norteamericana ha incurrido en una serie de prácticas contrarias a la competencia destinadas a excluir a empresas competidoras del mercado de referencia de las unidades centrales de procesamiento para ordenadores (CPU) x86.
NUEVA SANCIÓN MULTIMILLONARIA
Ya en 2009 la Comisión había sancionado a la tecnológica con 1.086 millones de euros tras constatar que Intel había abusado de su posición dominante en el mercado de las CPU. La Decisión de la Comisión se basó entonces en la constatación de que Intel había incurrido en dos formas específicas de prácticas ilegales, tanto al conceder descuentos total o parcialmente ocultos a los fabricantes de ordenadores a condición de que compraran todas o casi todas su CPU x86 a Intel (los denominados "descuentos condicionales") como al pagar a los fabricantes para detener y retrasar el lanzamiento de productos específicos que contuviesen chips de procesamiento de la competencia, limitando de este modo los canales de venta disponibles para estos productos ajenos a la marca (las denominadas "restricciones manifiestas").
En 2022 el Tribunal General anuló parcialmente la Decisión de la Comisión de 2009, en particular la conclusión de la Comisión relativa a la práctica de descuentos condicionales de Intel. Al mismo tiempo, el Tribunal General confirmó que las restricciones manifiestas de Intel constituían un abuso de posición dominante en el mercado con arreglo a las normas de competencia de la Unión. El Tribunal General también anuló la multa impuesta a Intel en su totalidad tras concluir que no podía determinar el importe de la multa relativo únicamente a las restricciones manifiestas.
A raíz de esta sentencia, la Comisión acaba de adoptar una nueva decisión por la que se impone una multa a Intel únicamente por las restricciones manifiestas. Estas restricciones tuvieron lugar entre noviembre de 2002 y diciembre de 2006 y consistieron en pagos efectuados por Intel a tres fabricantes de ordenadores (a saber, HP, Acer y Lenovo) para detener o retrasar el lanzamiento de productos específicos que contenían CPU x86 de la competencia y limitar los canales de venta disponibles para esos productos.
Las restricciones manifiestas constituyen una infracción grave del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 54 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, por lo que la Comisión ha decidido volver a imponer una multa de unos 376,36 millones de euros a Intel.