Enésimo varapalo judicial para la Asociación Eólica de Galicia y el Gobierno del PP: las suspensiones de los tribunales alcanzan los 27 parques eólicos y crecen las voces que piden el cese de Ángeles Vázquez al frente de la Consellería de Medio Ambiente
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| Hasta la fecha el TSXG ha paralizado cautelarmente 27 parques eólicos / Creative Commons |
6.4.2024
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado la suspensión de las autorizaciones otorgadas por la Xunta para los proyectos Rodicio II, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca y Serra do Farelo, al tiempo que otro auto en el que desestima la toma de medidas cautelares en referencia al parque eólico Uxo.
Hasta la fecha, el alto tribunal gallego ha emitido un total de 42 autos para decidir sobre las solicitudes de suspensiones cautelares de autorizaciones administrativas y de construcción de 30 parques eólicos, de los cuales 27 han sido estimatorios -Ventumelo, Porto Vidros, Banzas, Monte Neme, Zamorra, Touriñán II, Felga, Rodeira, O Cerqueiral, Chao do Marco, Monte Peón, As Encrobas, Pico Seco, Serra do Faro Ampliación II, As Penizas, Figueiras, Reboiro, Alto da Telleira, Troitomil, Outeiro Grande, Rodicio II, Alto de Montouto, Meirama, Monte da Croa, Gato, Cunca y Serra do Farelo-; y, el resto (3), desestimatorios -Vilartoxo, Neboada y Uxo-.
VOCES CRÍTICAS CONTRA LA GESTIÓN DE ÁNGELES VÁZQUEZ AL FRENTE DE LA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Ante este nuevo golpe judicial, que vuelve a dejar en evidencia las actuaciónes del Ejecutivo de Alfonso Rueda y los planteamientos del Partido Popular a nivel gallego, diversas fuentes del ámbito social y ecologista consideran que la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta Ángeles Vázquez Mejuto debería dimitir o ser cesada como responsable de la falta de control sobre muchas de las autorizaciones concedidas por su departamento a los parques eólicos en Galicia.
Para expertos y activistas, de hecho, la actual "invasión" eólica favorecida por la Xunta y la Consellería de Medio Ambiente favorece únicamente a las grandes empresas del oligopolio eléctrico en detrimento del interés público y del medioambiente, considerando que la clara falta de imparcialidad que ahora reconocen los tribunales demuestra que el Ejecutivo de Alfonso Rueda está favoreciendo la priorización de los intereses particulares de las grandes empresas frente al bienestar común de la ciudadanía.
En este sentido, decenas de colectivos de toda Galicia consideran que es imperativo que se restablezca la confianza en las instituciones y que se garantice la protección socioambiental de forma justa y equitativa, asegurando que la toma de decisiones se tome sobre todo en beneficio de la población dejando de lado el interés comercial de las grandes energéticas y su afán de lucro.