Opinión | Hoy es tu vecino, mañana puedes ser tú: una reflexión (urgente) sobre las declaraciones de utilidad pública y expropiación en los proyectos megarenovables

La energía producida que no se consume localmente puede perder hasta un 40% de eficiencia

13.8.2024

El título de este artículo surge del cartel que llevaba una vecina mientras se manifestaba frente al Ayuntamiento para exigir la suspensión de los proyectos fotovoltaicos (FV) en la vega de Órgiva. Uno de esos proyectos, el presentado por Disposol SL para la línea de evacuación eléctrica que comparte con Esperola Regis SL, fue declarado de utilidad pública por la Delegación Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de Granada (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-17826). Tal declaración, incluye una “relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa”. Los más de 80 vecinos afectados fueron citados para el levantamiento de  las actas de ocupación los días 3 y 4 de julio pasados (https://www.elsaltodiario.com/energias-renovables/comereis-placas), en unas jornadas en las que, con casi nula presencia de servidores públicos (ni siquiera estuve presente el sr. alcalde Raul Orellana), numerosos técnicos de la empresa FV disponían de las instalaciones públicas a sus anchas.

Aunque las actas fueron firmadas en disconformidad, las manifestaciones continúan en Orgiva. Se insiste con que el alcalde no es “un mero tramitador” (https://www.granadaesnoticia.com/provincia/orgiva-destaca-que-el-trazado-de-la-linea-de-evacuacion-de-la-planta-solar-sera-subterraneo) y tiene potestad para supeditar las licencias de obras hasta que se debata y apruebe el Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM), aún en fase borrador. Cada vez más organizaciones, alertan sobre el posible impacto negativo del despliegue acelerado y desordenado de proyectos FV (y eólicos) (https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-seo-birdlife-mapea-espana-evitar-impacto-negativo-desarrollo-energias-renovables-aves-20240314124656.html). Esta preocupación, excede ampliamente el sur de Granada.

Y lo mismo ocurre con los alcances de las declaraciones de utilidad pública. Acaso, ¿cualquier proyecto que “produzca” electricidad a partir de energías renovables es de utilidad pública? Para muchas personas, en Orgiva pero también en Granada, Galicia, Aragón, etc.  lo más alarmante es el creciente clima de indefensión que se está generando en el marco de una supuesta transición energética que parece olvidar el pre requisito de justicia. Otro cartel de los manifestantes expresa con claridad la incoherencia de enajenar agricultores beneficiado empresas sin empleados ni capital: “La especulación no tiene utilidad pública”. Antes de declarar la utilidad pública de un proyecto parece fundamental distinguir si conlleva interés social, si hay riesgo de que se trate de simple especulación con la reventa de permisos o si promueve el lucro privado que exporta beneficios, mientras deja en la comunidad local los impactos negativos.

Pues bien, esto que parece una obviedad no funciona así. Al menos en Granada, las declaraciones de utilidad pública de los proyectos de energías renovables son genéricas. Y a los vecinos que alegan contra ellas, se les responde que no es necesario justificar la utilidad pública. Se utiliza el artículo 54 de la Ley 24/2013 que regula el Sector Eléctrico (LSE en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13645), para realizar declaraciones de utilidad pública (y por consiguiente expropiación forzosa) sin distinguir si se trata de instalaciones promovidas por entidades públicas o empresas privadas. Y, lo que es peor aún se somete a expropiación forzosa, sin indagar en qué se basa la utilidad pública.

Parece claro que se confunde lo público con lo privado. ¿Lo hacen adrede? Según José Guiote, el origen de tal confusión podría deberse a que el Art. 54 de la LSE “hereda su redacción de una ley preconstitucional (el. Art. 8 de la Ley 10/1966) en la que el transporte y la generación de esa energía se reservaban al estado, justificando esa utilidad pública” (https://guioteabogados.com/la-expropiacion-forzosa-en-beneficio-de-promotoras-fotovoltaicas-privadas-el-control-sobre-su-utilidad-publica-y-sobre-la-necesidad-de-ocupacion-coactiva-de-los-bienes-y-derechos-afectados-por-las-in/). Nada más lejos de la situación actual y del mix de oligopolios energéticos y promotores “fantasma” que están detrás del despliegue megarenovable.

Adicionalmente, se olvida cuál es el objeto de la LSE y cómo la aplicación de cada artículo en particular debe ser coherente con la finalidad. Si no se atiende en primer lugar a que finalidad de la Ley es “garantizar el suministro de energía eléctrica, y de adecuarlo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste”, la aplicación descontextualizada del artículo 54, puede llevar a aberraciones. 

Puede llevar y ha llevado. En la planta Núñez de Balboa, en Usagre (Extremadura), la multinacional Iberdrola se valió de una declaración de utilidad pública para apoderarse de más de 500 hectáreas vía expropiación, en lo que se ha calificado como un “despropósito (que) no tiene nombre” (https://www.lapoliticaonline.com/espana/economia-es/la-expropiacion-de-iberdrola-a-un-vecino-de-usagre-caso-testigo-de-la-consigna-politica-renovables-si-pero-no-asi/). Aunque en mayo de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declaró la nulidad de la expropiación y el cierre inmediato de las instalaciones, Iberdrola no restituye las tierras (https://www.elmundo.es/economia/empresas/2024/07/17/66980f61e9cf4abc0d8b45a7.html).

La alarma social crece y se transforma en resistencia a que se convierta el rural en territorio de sacrificio. Hace unos días el pleno del Ayuntamiento de Santa Fé voto por unanimidad que no se declaren de utilidad pública las Plantas Fotovoltaicas ENCE Atarfe I, II y III y sus infraestructuras de evacuación (https://www.elindependientedegranada.es/economia/pleno-ayuntamiento-santa-fe-insta-junta-que-no-declare-utilidad-publica-megaproyecto). ¿Cómo va a tener utilidad pública arrancar olivos, destruir el paisaje y la Vega de Granada, dejar en la calle a los trabajadores agrarios, llevar a la quiebra el turismo rural, expropiando más de 200 parcelas para beneficiar a ENCE? ¿Es la misma empresa que conocida por contaminar con mercurio la ría de Pontevedra (https://www.publico.es/economia/principio-ence-empresa-contamino-mercurio-ria-pontevedra-lleno-galicia-eucaliptos.html)? Parece que ahora son “inversores responsables” y se comprometen a tomar “medidas adicionales para asegurar el máximo respeto al entorno y cuidado del medioambiente y de la biodiversidad".(https://www.elmundo.es/andalucia/2024/06/12/6669c6c3e9cf4a906c8b45c9.html).

¿Podría tener utilidad pública la ineficiencia o el derroche de energía? Si se “produce” energía que no se utiliza localmente, está claro que se puede perder hasta un 40% dependiendo de adónde sea trasladada o en qué tipo de vector energético se almacene. En Granada, están en marcha proyectos que de instalarse aumentarían la oferta energética un 486 % (https://www.mdpi.com/2073-445X/13/2/144). Si se produce casi 5 veces más energía de la que se consume y se sobrecargan las subestaciones eléctricas y/o se imponen nuevas obras de infraestructuras de mallado o alta tensión, ¿cómo se garantizaría que los consumidores accedan al suministro con los “mínimos costes” previstos en la LSE? Es justo que los locales paguen en la factura eléctrica, las inversiones en infraestructura para evacuar la energía hacia territorios lejanos? Y esto sin mencionar que los costes, siempre exceden lo monetario. Hay costes ambientales, sociales, sanitarios, etc. que deberían considerarse a la hora de determinar si hay o no, utilidad pública. Caso contrario, parecería que la Ley se está aplicando como si fuera obligatorio declarar de utilidad pública y expropiar en beneficio de cualquier tipo de negocio eléctrico con tal que tenga algún tipo de barniz verde. 

Como afirmó el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (Tenerife), Federico Aguilera Klink: los “megaproyectos "verdes", (están) secuestrando la democracia, saqueando lo público y agravando la actual crisis civilizatoria” (https://www.lacasademitia.es/articulo/firmas/megaproyectos-verdes-secuestrando-democracia-saquendo-publico-agravando-actual-crisis-civilizatoria-federico-aguilera-klink/20230914062204144010.html). Y eso, difícilmente pueda tener alguna utilidad pública.

Sandra Bettina Ferrante