La Asociación Orisos se une a la lucha contra el proyecto de tierras raras de Quantum Minería: "Este no es futuro para Valdepeñas ni las comarcas de Ciudad Real"

Multitudinaria manifiestación contra la minería de tierras raras en Valdepeñas / Sí a la Tierra Viva

31.10.2024

La entidad cultural considera que el plan de la mercantil "no compensa bajo ninguna circunstancia por los efectos sociales, económicos y territoriales que conlleva" y recuerda que este hecho queda demostrado "por la historia reciente y por la evolución de este tipo de proyectos por todo el mundo". 

Así, según reseñan, según los datos del Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) este tipo de proyectos han derivado en conflictos socioambientales en países no sólo en vías de desarrollo, sino en algunos de los considerados como más avanzados del mundo, tales como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Nueva Zelanda, India, Brasil, Chile y un largo etcétera en el que China, que es el caso más conocido tan sólo es la punta del iceberg. "En este contexto hablar de minería responsable o minería sostenible no es más que una quimera de imposible realización a la vista de la realidad observable a nivel mundial".

"Para los responsables de la toma de decisiones a nivel político ha de quedar presente que investigadores de todo el mundo han vinculado la minería de tierras raras a impactos perjudiciales mucho más significativos que otros elementos minerales dado que su proceso de refinado implica un alto coste, requiere grandes cantidades de reactivos tóxicos, de energía y de agua y genera una gran cantidad de residuos. Además, como en la provincia de Ciudad Real, a manudo las tierras raras van asociadas a elementos radioactivos, que aún en pequeña proporción generan una problemática inasumible para el futuro", afirma Orisos.

LA IMPORTANCIA DE CONSIDERAR LA SALUD PÚBLICA 

Por otra parte, la asociación indica que "no hay que desdeñar el impacto de las tierras raras y su actividad minera sobre la salud pública más cuando decenas de publicaciones internacionales alertan de su impacto sobre el organismo humano en diferentes contextos dado que estas pueden ingresar al organismo a través de diferentes rutas de exposición y acumularse biológicamente en órganos y tejidos provocando problemas de salud por su afección significativa, entre otros, sobre los sistemas respiratorio, nervioso, cardiovascular y reproductivo".

"Esta realidad, verificable e incontestable, contrasta con los intentos de la mercantil promotora del proyecto Neodimio de desacreditar las investigaciones de expertos del ámbito biomédico en publicaciones internacionales que alertan del impacto de las tierras raras. Todo ello a través de simples manifestaciones públicas en declaraciones y escritos carentes de validez por su falta de soporte y rigor", denuncia.

"Además, desde cualquier punto de vista, el proyecto de Quantum Minería carece totalmente de licencia social para llevarse a cabo tal y como ha demostrado no sólo el rechazo de múltiples entidades y administraciones locales y provinciales, sino la masiva protesta que se ha desatado en la ciudadanía no sólo en Valdepeñas, sino en Torrenueva y Santa Cruz de Mudela. Por otra parte, el proyecto Neodimio afecta, de forma más o menos directa a la zona de producción de la Denominación de Origen Valdepeñas, así como del Consejo Regulador del aceite de oliva del Campo de Montiel y el Consejo Regulador del Queso Manchego. En consecuencia, la autorización del proyecto de exploración, como antesala de un pretendido proyecto de explotación compromete la marca de calidad de una producción agroalimentaria de primer orden que no puede ser obviada", explican desde Orisos.

"Sin licencia social para operar, sin el respaldo de la población, no hay proyecto que pueda ni deba llevarse a cabo, más cuando la iniciativa extractiva -y especulativa- de Quantum Minería ha originado una amplia movilización social en su contra. El alto nivel de participación ciudadana implica claramente que la población no está dispuesta a aceptar condiciones que puedan poner en riesgo su salud, su entorno o la actividad económica de la que vive y pretende seguir viviendo. Por su parte, la Administración debe tener claro que ignorar la voz de la ciudadanía no es una opción", sentencia el colectivo.