La realidad desmiente a Teresa Llorens González, del IGME, y la falsa realidad de la "minería sostenible" en España que vende la patronal: la CEA pide la paralización inmediata de la mina de oro de El Valle-Boinás por sus continuos vertidos contaminantes
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| El fuerte impacto ambiental de la mina de oro de El Valle-Boinás es visible desde el espacio / Earth |
10.2.2025
La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies reclama a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico que tome medidas contra el proyecto de Orovalle tras conocer los datos oficiales de los índices de vertido al dominio público hidráulico obtenidos por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
La CEA recuerda que el Gobierno asturiano es el responsable del control de la autorización ambiental de la minera, que se renueva cada cuatro años y considera que esa autorización no debería renovarse al estrarse incumpliendo las obligaciones establecidas en la autorización ambiental integrada.
Así, apuntan que los resultados analíticos realizados en varios puntos del sistema hídrico del entorno de la mina asturiana reflejan que se están vertiendo al dominio público hidráulico sustancias como cianuro, selenio, cadmio, cobre, zinc, plomo y otras como arsénico, mercurio, níquel y sólidos en suspensión en concentraciones superiores a los valores límites autorizados.
Además reflejan que estos vertidos se producen "de forma continuada" a la cuenca del Narcea y se desconocen los niveles de filtración al subsuelo, lo que supone "un claro impacto en las aguas y la vida de estas" tal como ha quedado acreditado en los numerosos expedientes sancionadores y las denuncias de la propia Fiscalía de Medioambiente.
LA FALSA REALIDAD DE LA "MINERÍA SOSTENIBLE" EN ESPAÑA
Esta realidad mostrada por la CEA desmiente tanto a la campaña pública de la patronal del sector extractivo en defensa de la "minería sostenible" como a Teresa Llorens González, del Grupo de Geología Económica de los Recursos Minerales (GI-GECOMIN) del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que en fechas recientes ha afirmado que a nivel estatal existe la oportunidad de "explotar los recursos minerales de manera sostenible", asegurando que "se cumple toda la normativa relativa a seguridad y salud, medioambiente y derechos laborales".
En contraste la CEA recuerda, sin embargo, que proyectos como el de Orovalle, que están teniendo graves consecuencias sobre el entorno, están afectando a espacios protegidos a nivel europeo como la Zona Especial de Conservación (ZEC) Río Narcea, que incluye tres hábitats y siete taxones de interés comunitario, destacando especies como la nutria (Lutra lutra), salamandra rabilarga (Chioglossa lusitánica), lamprea (Petrornyzon marinus), salmón (Salmo salar), mejillón de río (Margaritífera margaritífera), desmán (Galemys pyrenaicus), y lampreilla (Cobitis taenia), por lo que la contaminación del entorno está siendo tratada como delito ambiental.
Para el colectivo, uno de los referentes en Asturias de la conservación ambiental, hay que recordar que el Parlamento Europeo recomendó en 2010 la prohibición total en la UE del cianuro de sodio para el tratamiento del mineral y que los Estados miembros "no presten apoyo, de forma directa o indirecta, a ningún proyecto minero en la UE en el que se empleen tecnologías a base de cianuro", justo lo contrario de lo que está sucediendo en Asturias. "En el complejo del Valle-Boinás -recuerdan- se tratan al año miles de toneladas de mineral que es sometido a una lixiviación con cianuro, con el riesgo e hipoteca que supone para el futuro de la zona" pues "los miles de metros cúbicos de residuos contaminados que están en sus balsas del valle, con los riesgos que supone su fuga, vertido o filtración de estos residuos, tiene una latencia de toxicidad de 75 años" en unas balsas "que se están recreciendo en los últimos meses con el correspondiente riesgo de fugas o derrames".